¿Se regulan los precios expropiando?

Últimamente está siendo muy sonado a nivel nacional, el tema de las expropiaciones de viviendas que se pretende llevar a cabo en Baleares. Muchos me conocéis por mi implicación en materia de vivienda. De hecho, así fue como empezó la asociación, para ayudar a personas con problemas de alquiler, al encontrarme personalmente en una situación muy difícil, y quise compartir mis conocimientos legales en la materia.

Viendo los acontecimientos, me gustaría compartir mi punto de vista al respecto, siempre desde un enfoque sistémico:

Parece ser que los propietarios son vistos como “los malos” y los inquilinos como “los buenos”. Si bien es cierto que existen propietarios abusones con los precios, pidiendo fortunas que tal vez excedan del valor de sus amortizados inmuebles, también es cierto que hay inquilinos que no cumplen con sus obligaciones y tratan de que el estado les resuelva su situación personal, porque consideran que esa es la función del estado, como un padre que debe proporcionarle todos los cuidados a un hijo que no puede hacerlo por si mismo. Pero también existen propietarios e inquilinos maravillosos, y lo he podido experimentar personalmente durante la pandemia, alcanzando numerosos acuerdos de condonación o reducción de la renta, solidarizándose unos con otros como no había visto nunca antes.

Si observamos el panorama centrándonos en las últimas noticias relativas a la pretensión de expropiación por parte del Gobierno de Baleares ( y digo pretensión, porque ya veremos cómo acaba), tenemos por un lado, fondos de inversión que adquieren bloques enteros para especular, aunque en otras ocasiones, nos encontramos con bloques vacíos porque resulta que era una promoción de un pequeño constructor que se jugó sus ahorros y los perdió, quedando la promoción inacabada y una familia en la ruina.

Por otro lado, tenemos propietarios con inmuebles hipotecados, que necesitan cobrar un alquiler para pagar esa deuda, pero tienen miedo porque tal y como están las cosas, el Estado no solo no les ofrece garantías de cobro y de recuperar la posesión, sino que además prolongan la posibilidad de desahuciar, imputándole a este propietario endeudado la carga de sostener a quien vive en su vivienda sin pagar por ella.

Por otro lado, tenemos también a los inquilinos, que muchos han caído en desgracia con la situación actual, y no sólo han perdido el trabajo sino que el Estado tampoco les paga las ayudas o éstas son ínfimas, lo que imposibilita pagar la vivienda al propietario del párrafo anterior, que obviamente en caso de desahucio buscará un abogado de oficio y hará todo lo que pueda por alargar la situación, porque nadie quiere quedarse en la calle y uno por desesperación hace lo que sea.

Ante todo este panorama, lejos de construir VPO o sacar un programa de ayudas real que ofrezca soluciones de cobro a los propietarios o subvencione los alquileres a los inquilinos, se nos ocurre ponernos a expropiar, con los costes que esto conlleva, y sin garantías de éxito, ya que en menos de 1 semana ya van disminuyendo el número de viviendas a expropiar porque, como era de esperar, sus propietarios no lo van a permitir, ya que nos encontramos bajo un paraguas constitucional que protege la propiedad privada.

“Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara.”

Te invito a mirar con un poco de perspectiva y reflexionar sobre algunas cuestiones:

¿56 viviendas expropiadas en todo Baleares, resuelven el problema de las 16.000 que se necesitan?

¿Pueden los fondos de inversión adquirir viviendas para tenerlas vacías con el simple objetivo de inflar los precios, sin que nadie les tosa?
¿Puede el Estado hacerse con esas propiedades, aunque vaya en contra del ordenamiento supremo (la Constitución Española?
¿Tiene el Estado el deber de garantizar una vivienda digna? En caso afirmativo, ¿debe hacerlo a base del esfuerzo privado por la incapacidad de la Administración de gestionar proyectos de vivienda pública?

¿Y si el estado ayudara a promotores privados a realizar proyectos de vivienda de protección oficial, ya que por todos es conocido que el sector privado es mucho más ágil?

¿Es el Estado quien debe revertir la situación de los precios del alquiler y, si es así, el mecanismo óptimo es la expropiación?
¿Qué pasaría si se protegiera más a los propietarios en materia de desahucios?

Y si el estado considera que no es necesario proteger más a los propietarios, ¿por qué no se pone como aval de los inquilinos, y así que pague las consecuencias cuando haya incumplimientos?
¿Es el Estado quien debe soportar el sostenimiento de las familias?

¿Y si las que se benefician de los impuestos son personas que no contribuyen al sistema, hay equilibrio en el intercambio?

¿Qué ofrezco yo, a cambio de lo que me da el Estado?

Todo esto abre muchísimos debates. Sin pretender politizar la cuestión ya que soy de las que piensa que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, creo que está bien reflexionar un poco, llegando un poquito más allá de los titulares.

 

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